Distopía: del griego dys (malo) y topos (lugar); término que plantea las contradicciones del discurso ideológico y que, llevadas a sus últimas consecuencias, pueden derivar en regímenes totalitarios que reprimen al individuo y coartan sus libertades.

En la tradición literaria reciente existe una trilogía distópica que refleja perfectamente la anterior definición: Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En todas ellas se nos advierte del peligro que supone “vivir en el mejor de los mundos posibles”, como dijo Leibniz. También el cómic y sus adaptaciones cinematográficas nos previenen de lo que supondría una sociedad absolutamente controlada por un poder totalitario. Así nos lo explica la película V de Vendetta -aunque su protagonista utilice métodos poco convencionales y menos democráticos- en la que un dirigente controla, o eso pretende, todos los entresijos del gobierno, de la sociedad y de sus ciudadanos.

Pero si hay alguien al que podamos considerar como el padre, el precursor de este tipo de literatura antiutópica ese es Orwell. En su conocida 1984 (publicada, no lo olvidemos, en 1949) nos vaticinaba una realidad abyecta, una sociedad terrorífica, y aterrada a la par, controlada por un Hermano Mayor o Gran Hermano, que vigilaba todos los movimientos y hasta los pensamientos de sus ciudadanos y reprimía con dureza a aquellos que pretendían salirse del rebaño. De hecho el término “orwelliano” se usa precisamente para definir aquellos gobiernos, generalmente fallidos, y aquellas sociedades, generalmente alienadas, que pretenden controlar, los unos, y son controladas, las otras, incluso con la violencia. Es el caso de Corea del Norte, Venezuela o Arabia Saudí, entre otras.

Por desgracia aquel vaticinio orwelliano ha sobrevivido a su autor y ha llegado a nuestro día a día en el que todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, estamos siendo observados, vigilados, por más que creamos ingenuamente vivir en una sociedad libre y democrática. Y esta condición de controlados nos la inducen por cualquier medio: redes sociales, medios de comunicación, economía… Ignoro quién, cómo y porqué pretende observar todos nuestros movimientos (y aquí incluyo a la ciudadanía, pero también a sus instituciones públicas y privadas y a quienes las componen). ¿Pretenden desestabilizar gobiernos?, ¿tal vez enardecer a una sociedad contra sus dirigentes políticos de cualquier ideología?, ¿o simplemente tomar el control de la situación económica para sacar pingües beneficios? ¿Acaso influir en nuestro voto a pocas fechas de una votación?

En vísperas de las elecciones generales del 26J salieron a la luz una serie de conversaciones grabadas en el despacho oficial del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en las que éste junto con el director de la oficina antifraude de Cataluña, el Sr. De Alfonso, aparentemente pretendía sacar algún trapo sucio de los dirigentes de partidos independentistas catalanes y de sus familiares con fines electoralistas dada la cercanía de los comicios. A partir de aquí, pues, se plantean dos cuestiones fundamentales, a cuál de ellas más grave: 1)es terrible siquiera pensar que en una sociedad pretendidamente democrática un ministro del interior esta siendo espiado o grabado sin su consentimiento, o peor, sin una orden judicial. Resulta alarmante ver que incluso sus dirigentes pueden ser vigilados; y 2)pero es todavía más grave que una institución que supuestamente debe luchar contra, y prevenir, el fraude y la corrupción utilice los mismos medios y formas que los corruptos para investigar a políticos y familiares y, lo que es peor, traslade esas investigaciones al ministro del Interior para que éste y su partido puedan usar esa información para dañar políticamente a la oposición. No sólo no es ético; es, si me apuran, incluso delictivo, pues se están utilizando las instituciones y los fondos públicos para beneficio propio. Por la tanto, aquí sí, la Fiscalía General del Estado y la Diputación Permanente del Congreso deberían abrir sendas investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, denunciar e imputar a los responsables si los hubiere. Por supuesto, el ministro y el director de esta oficina deben dimitir ya o en su defecto ser cesados. Pero con ellos también el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como conocedor de los hechos.

Porque, como han podido comprobar, efectivamente estamos instalados en esa sociedad orwelliana en la que se manipula la información y sólo nos muestran y nos dicen aquello que les interesa o lo que queremos oír. Se nos manipula incluso a través de la educación (ley Wert) y se reprime a las personas que pretenden pensar diferente (ley mordaza).

Así que urge aclarar los hechos, pero sobretodo urge defender nuestros derechos y libertades. Y debemos ser un poco más enérgicos para salvaguardar nuestra privacidad, nuestra intimidad, pues no todo vale para buscar esa sociedad mejor, ese mundo feliz, esa utopía.

Moska