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Se trata de despatriarcalizar, no llega con ‘feminizar’ la política

Aunque el discurso sobre ‘feminizar’ la política parece estar activando un interesante y muy necesario debate, sostengo que el trasfondo del mismo es una mera pose discursiva si no va acompañado de propuestas para despatriarcalizar las estructuras, la política, el poder y la sociedad. Incidir en la idea de que aumentando la presencia de mujeres en el espacio público y asumiendo la ‘ética del cuidado’ en el funcionamiento de las estructuras generará potencialidad suficiente para provocar un cambio real en las mismas es situarse en el ámbito de la ilusión discursiva.

Como ya he explicado en este otro artículo, “cualquier proyecto de emancipación política que pretenda ofrecer alternativas para la democracia económica y social, fuera de la colonización depredadora capitalista, debería plantearse como reto el de despatriarcalizar la sociedad para la plena soberanía de las mujeres, de los hombres y de las comunidades en las que discurren sus vidas”. Es decir, resulta impensable un hipotético cambio social que no incluya la necesidad de partir de un análisis de las estructuras y relaciones patriarcales en los subsistemas sociales, económicos y culturales; y esto afecta de lleno a la credibilidad de las organizaciones políticas.

En estos días han proliferado algunos artículos de interés sobre qué significa ‘feminizar la política’ y la mayoría de ellos recogen una interpretación bastante más generosa y nutrida que la que sugiere el propio concepto de ‘feminizar’. En mi opinión, el concepto en sí se refiere al resultado de un proceso de mayor concentración de presencia y participación de mujeres en la política y en lo político; es evidente que a medida que los ratios de participación se vayan equiparando y haya una mayor diversidad de género en la representación, se irán aportando más elementos al debate político y se evidenciarán necesidades prácticas, asociadas a los roles de género, hasta ahora no abordadas por la cultura androcéntrica que predomina en las organizaciones políticas; de ahí a pensar que por sí mismo dicho proceso va a significar una transformación de la política me parece más una proyección del ‘desideratum feminista’ que una probable tendencia de cambio real.

Coincido plenamente con que la paridad es necesaria por pura normalización democrática, y por justicia social. Creo firmemente que es necesario incidir en el cambio del imaginario simbólico, y en este sentido, liderazgos como el de Ada Colau, Manuela Carmena o Mónica Oltra proyectan otra forma de hacer política más próxima a las cotidianidades de la vida, abordando explícitamente la cuestión de los cuidados. Es evidente que estos liderazgos alientan a una predisposición favorable para dar algunos pasos más y, como dice María Pazos, llegar a ‘feminizar’ el poder

Y sin embargo, no me parece que sea garantía suficiente para provocar un cambio en el orden de prioridades ni mucho menos para creer que las organizaciones o estructuras políticas van a empezar a desarrollar políticas feministas o a cuestionar los privilegios masculinos otorgados desde la inercia de las estructuras patriarcales y heteronormativas.

Por ello me parece que el debate no debería centrarse en la idea de ‘feminizar la política’, porque, más allá de que probablemente existan buenas intencionalidades, el riesgo es que se aproveche como una estratagema más para marear la perdiz. En cambio, soy partidaria de abordar explícitamente las relaciones desiguales de poder que se reproducen en las estructuras políticas, los mecanismos sutiles -y no tanto- de violencia que siguen funcionando, la necesidad de implicación activa y real de toda la estructura política y sus dirigentes con la eliminación del feminicidio, acabar con el ninguneo y la estigmatización que afecta a gran parte de las feministas ‘políticamente incorrectas’, tolerancia cero con tanto ‘mansplaining‘ progre que pulula en las organizaciones políticas, abordar el conflicto permanente de los tiempos ante la inercia de la práctica y gestión política o las resistencias a abrir el proceso para orientar el presupuesto público a la igualdad de género, por mencionar algunos aspectos que considero efectivos para despatriarcalizar.

Así pues, insisto, se trata de despatriarcalizar, y no, no llega con ‘feminizar’ la política.

Igualdad: La implicación del hombre en los cuidados es básica para la sostenibilidad económica y demográfica.

El reparto de tiempos está influido por los papeles de género y se convierte en un hándicap continuo para el empleo de las mujeres. A ellas se les asocia la etiqueta de menos disponibles y la consideración de Igualdadmayor riesgo relacionado tanto con la maternidad como con las actividades de maternaje. La mayor dedicación de las mujeres al cuidado infantil durante los primeros años tras el nacimiento de un/a hijo/a (sobre todo mientras no se da la escolarización) y la falta de políticas públicas eficientes para atender la responsabilidad social de los tiempos y necesidades de cuidado son factores explicativos de la penalización sobre el empleo de las mujeres. El efecto de los estereotipos asociados a la maternidad –patriarcal– se traslada directamente a las tasas de empleo femenino, en forma de reducción de horas de trabajo remunerado, lo cual origina una penalización que se inicia con la pérdida de ingresos durante el período de interrupción laboral, así como la profundización de la brecha salarial durante toda la vida laboral, la consiguiente merma de derechos económicos futuros (menores prestaciones económicas contributivas, como revela la brecha de género de las pensiones –34% en España en 2014–) y la mayor incidencia del riesgo de pobreza –monetaria y de tiempo– sobre las mujeres. Esta secuencia está contrastada estadísticamente, por lo que resulta sospechoso que, en los últimos años, se haya reactivado el enfoque maternalista de las políticas públicas, alentando a una mayor ausencia de las mujeres del mercado de trabajo para el cuidado de su bebé. 

El empleo de las mujeres puede actuar como elemento facilitador del desarrollo demográfico, sobre todo cuando se dan otros factores que inciden en la igualdad de género. De todos ellos, algunos tienen una especial relevancia: 1) Efecto sustitución del salario de las mujeres; es decir, que la decisión de ser o no ser madre no suponga tener que asumir una pérdida monetaria que acentúe el riesgo de pobreza relativa o las subsuma en una involución de dependencia económica. 2) Existencia de servicios para el cuidado y atención infantil (childcare) suficientes y accesibles, teniendo en cuenta que a mayor precio de los servicios de cuidado, menor acceso y participación, y menor es también la probabilidad de que influya positivamente alentando nuevos nacimientos. 3) Disponibilidad de tiempos para el cuidado, la crianza, el desarrollo profesional y emocional. 4) Implicación de los hombres en las responsabilidades del cuidado. 

Según cuál sea la combinación de los cuatro factores mencionados, se posibilitarán unos efectos determinados u otros; lo que parece evidente es que a mayor igualdad de género, mejor comportamiento de la fecundidad y, por lo tanto, de la sostenibilidad económica y demográfica. 

DESEQUILIBRIOS

El análisis comparado del sistema de permisos por nacimiento –maternidad, paternidad y parental– en 27 países europeos (25 países de la UE, Islandia y Noruega) permite profundizar en la potencialidad para transformar los desequilibrios de género. A través de esta pieza de políticas públicas se regulan aspectos básicos que inciden en la conciliación de las responsabilidades derivadas del trabajo remunerado y de las responsabilidades familiares, focalizadas en el cuidado infantil; por ello sus implicaciones y efectos se trasladan a la economía y a la sociedad en su conjunto.

Numerosos estudios revelan ya que cuanto más equitativa es la distribución del permiso parental en una familia biparental, más igualdad de género existe en la toma de decisiones; y a mayor implicación de los hombres-padres en el cuidado infantil, menor es el tiempo semanal que pasan en su puesto de trabajo, lo cual, en cierto sentido, diluye parcialmente el efecto penalizador sobre el empleo de las mujeres. 

Esta potencialidad género-transformativa de los permisos por nacimiento tiene su máximo nivel en los permisos iguales, intransferibles y bien remunerados –100% del salario–; algo que se sigue resistiendo en el ámbito europeo, en donde la mayoría de los países continúan desarrollando un enfoque maternalista, con escasa capacidad transformadora de las normas sociales de género implícita en la configuración actual de los sistemas de permisos por nacimiento. Sólo tres países presentan una orientación favorable a la igualdad de género: Islandia, Noruega y Portugal.

 

Derecho a la Ciudad: Repensar la ciudad desde la Igualdad de Género [II]

Continuando con la reflexión previa sobre cómo repensar la ciudad desde la igualdad de género, abordo esta breve entrada con algunas ideas para seguir avanzando en el tema. En esta ocasión, es la construcción del ‘derecho a la ciudad’ y de la consideración del hilo de argumentación de Dolores Hayden en “What would a Non-Sexist city be like?” sobre cómo el diseño de la ciudad tiene consecuencias diferenciadas en la vida cotidiana de las mujeres. Y es que, si bien el derecho a la ciudad se nutre de otros derechos que se desarrollan en el propio espacio urbano – derecho de asociación, de manifestación, de participación, de vivienda, acceso a la educación, de acceso a la sanidad, a la libre información, a la accesibilidad, al libre movimiento y al respeto e inclusión de los colectivos minorizados- cada vez son más las voces -profesionales, activistas, feministas e instituciones- que insisten en la necesidad de reformular el ‘derecho a la ciudad’ desde una perspectiva feminista.

Es importante insistir en que no existe la neutralidad desde el punto de vista del género, tampoco en lo que se refiere a las políticas de urbanismo, vivienda y regeneración territorial; en esto precisamente inciden las investigaciones y aportaciones feministas, al poner el foco de atención en hacer emerger el análisis acerca de los usos y las experiencias vividas en el territorio, así como las relaciones de poder patriarcales que sostiene o deconstruye.

“Debemos admitir el factor género en la ciudad como la fuente de una nueva cultura compartida, y debemos participar en la definición de una nueva filosofía del ordenamiento territorial” (Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, 1995).

Durante los 90, los movimientos sociales se nutrieron de aportaciones feministas que promovieron la elaboración de Cartas de Derechos de las mujeres a la ciudad, como mecanismo a través del que  focalizar los aspectos que perpetúan las desigualdades.

Las mujeres están en desventaja en comparación con los hombres en las ciudades en términos de igualdad de acceso al empleo y la vivienda, la salud y la educación, el transporte, la propiedad de los activos, las experiencias de la violencia urbana, y la capacidad de ejercer sus derechos”. (UN-Habitat, 2013).

Todas estas dificultades se acrecientan en los procesos de guetización o marginalidad a los que deriva la pobreza económica y monetaria en muchas ciudades, acrecentada en estos últimos años por las políticas neoliberales, y que afecta de manera diferenciada a las mujeres.

Cada vez son mas voces las que alertan sobre la ceguera de género de la que adolecen las políticas públicas de servicios y planificación urbanística; sin embargo, sería posible integrar en su análisis el enfoque de igualdad a través de tres dimensiones claves de las transformaciones que concurren en las ciudades:

  • La político-institucional: la igualdad de género, como principio ético-político basado en la equivalencia humana, forma parte de los nuevos marcos de consenso institucional y de legitimidad democrática -desde lo global a lo local-. Esto tiene implicaciones tanto en los discursos políticos como en instrumentación de los mismos a través de planificación, la prestación de servicios y la ampliación de actores sociales y entidades llamadas a participar en la construcción de una nueva gobernabilidad urbana.
  • La social y económica: el reto de la justicia social, que dicen asumir los gobiernos locales debería integrar la justicia de género entre los criterios de resultados redistributivos conseguidos a través de las políticas municipales; esta premisa aporta la mayor coherencia al nuevo rol de impulsor del desarrollo económico local y de eficiencia en la inversión de los recursos públicos.
  • La territorial y espacial: el proceso de suburbanización está trasladando a sectores poblacionales de mayor poder adquisitivo a fuera del territorio urbano, los que provoca una reordenación de prioridades en la planificación de obras públicas y en la extensión de infraestructuras y servicios. Este proceso corre paralelo al de la guetización de los sectores más empobrecidos y de mayor vulnerabilidad económica.

En los últimos años, gran parte de los ajustes estructurales alentados por las políticas neoliberales han ido dando entrada a un proceso de privatización de los servicios -anteriormente públicos- modificando los criterios de acceso a los mismos. Los efectos de dichas políticas de ajuste han sido particularmente graves sobre los sectores poblaciones más empobrecidos, lo que tiene un importante componente de género y se traduce, en la práctica, en una derivación de la responsabilidad de la supervivencia y cuidados a los entornos familiares a las mujeres, dado el peso que todavía tiene la socialización de género.

Como efecto de lo anterior, la reactivación de los mecanismos de desequilibrios estructurales y muy especialmente la desigualdad de género se ha puesto en marcha.

En este contexto adquiere especial relevancia la articulación feminista de procesos y estrategias abordadas por las mujeres para resistir (re)apropiándose de los espacios y a través de ellos subvertir el orden simbólico masculino; un hilo del que seguiré tirando en la siguiente parte de esta reflexión

Carmen Castro

Repensar la ciudad desde la igualdad de género

Cuando se quiere poner la vida y las necesidades de las personas en el objeto de atención de las políticas públicas, surge la necesidad de repensar lo que habitualmente se considera estándar y complejizar el análisis integrando la diversidad de realidades, condiciones y posiciones sociales de mujeres y de hombres. En la práctica, esto conlleva a poner en cuestión el seguir utilizando la idea de un supuesto sujeto universal enmascarado en el masculino como globalizador de necesidades, expectativas y voluntades de los sujetos hombres y mujeres.

El interés del análisis de las ciudades viene del creciente proceso de urbanización y del hecho de que en ellas confluyen diversos fenómenos en un aspecto multinivel. Lo global está presente e incide en aspectos nacionales, de demarcación territorial y organización política, así como en aspectos más localizados en el territorio (descentralización, violencia, tejido económico, etc.)

Hacer del derecho a la ciudad parte efectiva de los derechos humanos para todas las personas requiere pensar el espacio urbano desde las diferencias entre mujeres y hombres, tomando en consideración las interseccionalidades que pudieran concurrir, ya sean clases socioeconómicas, origen étnico, códigos culturales y/o religiosos y diversidades respecto a la autonomía personal de cada quien. La consideración de la incidencia de las construcciones sociales, asignadas tradicionalmente a mujeres y hombres, en el análisis de la ciudad, se enmarca en la conceptualización de la ciudad como nodo y pulsión de cruces de relaciones. En este marco cobra importancia la observación de cómo se dan las interrelaciones de los hombres y de las mujeres con las principales instituciones de la sociedad; es decir, cómo inciden las relaciones de género1 en la articulación de las instituciones, de los mercados, de la comunidad y de las familias.

En una primera aproximación, la integración de la perspectiva de género en la reflexión, análisis e intervención política sobre la ciudad permite hacer emerger evidencias de que el espacio y la distribución territorial espacial y física no es neutra, y que los roles y actividades que desempeñan hombres y mujeres condicionan las expectativas respecto al acceso y uso de los espacios en la vida cotidiana. Este tipo de análisis da lugar a poder conocer y valorar en qué medida se vinculan las relaciones de género socialmente construidas y el espacio urbano socialmente producido.

La división sexual del trabajo atraviesa también la división de las actividades en las ciudades; por una parte, se diferencian los espacios de producción-trabajo de los espacios de habitación-reproducción y se les asignan roles específicos de género. Las mujeres se relacionan en mayor medida con el ámbito del hogar y los espacios de la reproducción, mientras se establece la percepción de que la calle y los lugares destinados a la producción se construyen -implícitamente- desde la preeminencia masculina. Esta segmentación no obedece a ningún criterio funcional, sino más bien a un refuerzo de la división genérica de la sociedad y a la traslación de la lógica binaria patriarcal producción/ reproducción, público/privado y masculino/femenino.

Hacer emerger la importancia del trabajo reproductivo y no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres es un proceso clave para entender el funcionamiento de la vida urbana, tomando consciencia de que ante la hipotética situación de que las mujeres dejaran de responsabilizarse de dicho trabajo reproductivo, sería evidente que la estructura urbana, social y económica, tal y como la conocemos, dejaría de funcionar. Pues bien, de esta línea argumentativa se atisba ya una primera aproximación a la visión de género de la ciudad, por la que emerge el trabajo invisible y los desplazamientos de trabajo que representa el circuito de los servicios de atención a la vida cotidiana; algo que, no siempre se contempla en la política urbana como, por ejemplo, en el diseño del sistema de transporte público, que sigue atendiendo preferentemente a las necesidades de desplazamiento vivienda-empleo, más próximo a la lógica del trabajo productivo (preeminencia masculina).

Y es que, a pesar de que mujeres y hombres vamos accediendo a diferentes ámbitos y sectores de actividad, los criterios de distribución y participación aún evidencian que habitamos la ciudad de manera diferenciada; es preciso relacionarlo con el hecho de desempeñar distintos roles, responsabilidades y sobre todo porque las experiencias cotidianas en cuanto a cómo enfrentamos las necesidades de trabajo, vivienda y servicios son cualitativamente diferentes. Lo anterior es algo recurrente en los estudios de género respecto a los ‘espacios de sociabilidad’ como muestran, por ejemplo, los trabajos de Inés Sánchez de Madariaga, los de Alejandra Massolo, los de Jo Beall y Caren Levy, así como la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad, de 1994 (European Charter for Women in the City: Moving towards a Gender-Conscious City)

Carmen Castro