Desde la Dirección General de Centros docentes de La Generalitat Valenciana se nos pide, a todos los funcionarios docentes e interinos, declarar no haber sido condenado por ningún delito contra la libertad e integridad sexual y autorizar a la Generalitat Valenciana a hurgar en nuestros datos.

Siempre que hay que tomar una medida aleccionadora y ejemplarizante ahí estamos los funcionarios y funcionarias. ¿Quiénes mejor y más fáciles de controlar? Porque me pregunto: ¿acaso van a hacer firmar este documento a todas las personas que en su trabajo se relacionan con menores? ¿Han pasado esta petición al clero, a los catequistas, a los profesores y profesoras  que dan clases particulares, a las personas encargadas de las actividades extraescolares? ¿Quizás van a averiguar si los entrenadores y entrenadoras de los gimnasios están en esta lista negra?, ¿van a exigir lo mismo a todo el personal de los colegios privados y concertados?, y ¿por qué sólo al personal docente?, en los centros educativos también trabajan más personas que están en contacto con menores.

No tengo ningún problema en firmar ese documento, es más, me siento muy tranquilo y muy orgulloso de no tener la más mínima mancha en mi expediente moral, y me parece que la lucha contra la pederastia y cualquier otra forma de abuso sexual, hacia menores y entre personas adultas, debe ser implacable; pero cuando las cosas se hacen de esta manera, cuando se acude una vez más al funcionariado como presa fácilmente controlable del gran hermano que padecemos, parece que es una medida de cara a la galería para marcarse un tanto en lo social, sin que la medida en sí vaya a solucionar el verdadero problema.

Juan Díaz Almagro